Revista Jurídica Cognitio Juris | João Pessoa: | ISSN 2236-3009

PÁGINA INICIAL   |   SOBRE A REVISTA   |   CONSELHO CIENTÍFICO   |   DIRETRIZES   |   ENVIAR ARTIGOS   |   CONTATO

 

LUIS ERNESTO OROZCO TORRES

México

Professor Investigador do Programa "Ciencias de la Seguridad" da Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

 

 

DE NÜREMBERG A KAMPALA, VÍA ROMA

 

DIREITO INTERNACIONAL

Luis Ernesto Orozco Torres

 
RESUMO
En la presente comunicación se ocupa del proceso de la criminalización de la agresión y su concreción como norma consuetudinaria y convencional en Derecho Internacional. Así mismo, se analizan los pros y contras de la tipificación del crimen de agresión hecha en la Conferencia de Kampala, Uganda, efectuada del 31 de mayo al 11 de junio de 2010. Esta Conferencia de Revisión de Kampala marca un hito particularmente en el devenir del Derecho internacional general y el Derecho internacional penal convencional (de Roma), pues, en ella se llega —por consenso— a la definición del crimen de agresión, lo que marca el fin de un proceso muy largo que comienza formalmente con los juicios de Nüremberg, pero que reconoce su génesis en el periodo de entreguerras en el siglo pasado.
Palavras- chave: Guerras de agresión, criminalización de la guerra, crimen de agresión, responsabilidad penal internacional del individuo, conferencia de kampala.
 
FROM NUREMBERG TO KAMPALA VIA ROME 
 
ABSTRACT
This communication deals with the process of criminalization of aggression and it was established as customary law and conventional international law. It also discusses the pros and cons of the definition of the crime of aggression made ​​at the Conference in Kampala, Uganda, held from May 31 to June 11, 2010. This Review Conference is a milestone Kampala particularly in the evolution of general international law and conventional international criminal law (Rome), then it is reached by consensus-a-definition of the crime of aggression, marking the end of a long process formally begins with the Nüremberg trials, but recognizes its genesis in the interwar period in the last century.
Keywords: War of aggression, war criminalization, crime of aggression, international criminal responsibility of the individual conference of kampala.

_______________________________________________________________________________________________

El 2010 fue un año crucial para la sociedad internacional, el Derecho internacional general y las relaciones internacionales. En Kampala, Uganda, del 31 de mayo al 11 de junio de 2010 se verificó la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma (en adelante “Estatuto”), que fue creado en el marco de una Conferencia de Plenipotenciarios desarrollada en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998[1], y que entró en vigor el 1 de julio de 2002 luego de 60 ratificaciones.

Esta Conferencia de Revisión de Kampala marca un hito particularmente en el devenir del Derecho internacional general, el Derecho internacional penal[2] y el Derecho internacional penal convencional (de Roma), pues, en ella se llega —por consenso— a la definición del crimen de agresión, lo que marca el fin de un proceso muy largo que comienza formalmente con los juicios de Nüremberg, pero que reconoce su génesis en el periodo de entreguerras en el siglo pasado. A este proceso en su conjunto nosotros lo conceptualizamos como la criminalización de la agresión, y por el cual entendemos: el conjunto de procesos, que comprenden tanto acontecimientos como instituciones que pueden ser de índole política como jurídica, operados en el seno de la sociedad internacional en su conjunto, que llevan a configurar cierta conciencia jurídica estatal sobre la proscripción de las guerras de agresión dentro de las relaciones internacionales, tomando como base— in abstracto— la subjetividad penal internacional de la persona humana.

Este proceso tiene dos vertientes bien concretas de relevancia jurídica. Por una parte, da inicio la opinio iuris sobre el carácter criminal de las guerras de agresión, esto es, se extiende la convicción jurídica por parte de los Estados de que las guerras de agresión constituyen un crimen del Derecho internacional consuetudinario; lo que indica el nacimiento del crimen de agresión consuetudinario, por el que entendemos: se refiere a una categoría jurídica propia del Derecho Internacional consuetudinario, con un elemento subjetivo que se identifica con el individuo que se encuentra en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, y un elemento objetivo que se identifica con ordenar, planificar, preparar, iniciar o realizar un acto de agresión, una guerra de agresión o simple agresión; y que comporta irreductiblemente la responsabilidad penal internacional del individuo como tal ante la sociedad internacional en su conjunto. Tal como fue incipientemente establecido en el Estatuto de Nüremberg y en su sentencia.[3]

Es cierto que en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios para la creación del Estatuto de Roma no pudieron ponerse de acuerdo los Estados participantes sobre su definición y sus elementos y la manera en que la CPI podría ejercer su eventual jurisdicción; también es cierto que, el crimen de agresión fue incluido en el Estatuto de Roma como parte de los crímenes más graves para la comunidad internacional en su conjunto –según reza el artículo 5– respecto de los cuales la CPI tiene competencia. Ergo, si ya la sola inclusión del crimen de agresión en el Estatuto, aun cuando fuera condicionada a que se aprobara una disposición referente a su definición y a las condiciones del ejercicio de la competencia por parte de la CPI, significó un acontecimiento jurídico-político de gran magnitud humanista; la reciente adopción por consenso de la definición del crimen de agresión y de los requisitos de competencia, en el marco de la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, en donde se enmendaron diversos artículos; comporta un hito tanto jurídico, como político, en la criminalización de la barbarie y la erradicación del uso de la fuerza y las guerras de agresión como instrumento de política nacional, en el desarrollo de las relaciones internacionales.

En base a ello, podemos sostener que el nacimiento de una norma consuetudinaria que contiene la prohibición del uso de la fuerza y que se identifica con la criminalización de la agresión  y que contiene elementos jurídicos suficientes para considerarla como la base del crimen de agresión consuetudinario, es anterior a la concreción jurídica de una norma convencional que contiene dicha prohibición. Nosotros consideramos que no se puede hablar de la existencia del carácter criminal de la agresión lato sensu, hasta que se incorporaron de lleno las nociones extrajurídicas de humanidad y comunidad, las cuales se encuentran indeleblemente configuradas en términos de moralidad o de lo éticamente funcional.

El inicio de la criminalización de la agresión lo podemos cifrar en términos cronológicos (arbitrariamente) y en forma incipiente en la época de la Sociedad de Naciones ─que a su vez se identifica con el proceso de formación de una norma consuetudinaria─, pero de forma definitiva y contundente en clave de norma convencional, dentro de la era de la ONU; esto es, que el carácter criminal de la agresión es en términos generales un corolario más del tránsito evolutivo del Derecho Internacional tradicional[4] hacia el Derecho Internacional contemporáneo Derecho Internacional contemporáneo.[5]

Además de ello, la sociedad internacional institucionalizada ha venido haciendo jaloneos de desarrollo y codificación del crimen de agresión en Derecho internacional convencional o particular, que intentan llegar a la tipificación del crimen de agresión convencional. Toda esta evolución jurídica respecto del crimen de agresión comienza en el periodo de entreguerras teniendo como marco la Sociedad de Naciones, y se consolida con los juicios de Nüremberg y Tokio; pero no se cristaliza como categoría jurídico-penal hasta la creación del Estatuto de Roma. Sin embargo, la Corte Penal Internacional (en adelante “CPI”) no podía ejercer competencia respecto del crimen de agresión hasta que la Asamblea de Estados Parte aprobara una disposición en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará.

En el proceso de la criminalización de la agresión, la configuración del crimen de agresión consuetudinario y el crimen de agresión convencional, lo podemos cifrar en por lo menos quince eventos que se perfilan como los hitos normativos de mayor trascendencia sobre la cuestión, que pueden ser clasificados en tres grandes grupos:

a) Hitos institucionales, en donde podemos agrupar la resolución 95(I) de 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de la ONU, relativa a la confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto del Tribunal de Nüremberg; resolución 377 (V) de 3 de noviembre de 1950 de la Asamblea General de la ONU, relativa a la Unión Pro Paz; resolución 2131 (XX) de 21 de diciembre de 1965 de la Asamblea General de la ONU, Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y su soberanía; resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970, Declaración sobre los principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; resolución 3314(XXIX) de 14 de diciembre de 1974 de la Asamblea General de la ONU, relativa a la definición de la agresión.

b) Hitos jurisprudenciales: en donde contamos con las Sentencias pronunciadas por los Tribunales de Nüremberg y Tokio, con base en sus respectivos Estatutos; El obiter dictum del fallo del asunto Barcelona Traction de la CIJ, y por último; El fallo en su conjunto del asunto de las Actividades paramilitares en y en contra de Nicaragua, también de la CIJ.

c) Hitos convencionales, dentro de los cuales tenemos el Tratado de Versalles, en especial su artículo 227 y subsecuentes relativos; El Pacto de la Sociedad de Naciones, en especial sus artículos 10 y 11; El Pacto Briand-Kellogg; Los Estatutos de los Tribunales de Nüremberg y Tokio, en especial artículo 6 y artículo 5 , respectivamente; La Carta de las Naciones Unidas con su prohibición del uso de la fuerza consignada en el artículo 2.4; El párrafo 2 del artículo 15 (cláusula Nüremberg) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La CPI.[6]

Así pues, el proceso y dinámica de la criminalización de la agresión y del crimen de agresión consuetudinario se inician en la época de la Sociedad de Naciones, pero este proceso no es ajeno al otro proceso de positivización del crimen de agresión convencional, es decir, como norma convencional positiva en DI. Toda vez que, en época de entre guerras se comienza a confeccionar una suerte de convicción jurídica a cargo de los Estados y respecto del carácter criminal de la agresión. También podemos constatar que esta conciencia jurídica concreta se identifica con la configuración de una norma consuetudinaria que contiene una prohibición de emprender una guerra de agresión en Derecho Internacional; asimismo, advertimos que esta norma consuetudinaria conteniendo el carácter criminal de la agresión, ha sido objeto de un dinámico desarrollo normativo que ha desembocado en una norma convencional positiva concreta, que en definitiva es expresión de aquélla.

De aquí la importancia de la primera Conferencia de Revisión de Kampala, pues se llega a la definición típica de este crimen positivándolo y estableciendo las condiciones sobre las que la Corte ejercerá su competencia. Así pues, el crimen de agresión convencional queda tipificado en los siguientes términos en el artículo 8 bis:

1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo;

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado;

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.

Estamos ciertos que una buena parte de la doctrina iusinternacional celebrará tan relevante acontecimiento en la esfera del Derecho internacional convencional y sus efectos sobre el Derecho internacional consuetudinario. Empero, la celebración no implica adhesión acrítica, por el contrario, las enmiendas de que fuera objeto el Estatuto provocará la mar de análisis y comunicaciones. A este debate queremos contribuir con un par de ideas, una sobre materia sustantiva, la otra sobre materia adjetiva.

 Primeramente, la definición típica que del crimen de agresión se hace en la enmienda al Estatuto restringe y desvirtúa considerablemente la concepción del crimen de agresión que se ha venido construyendo en el Derecho internacional general, pues, en Nüremberg los hechos subyacentes que constituían un crimen contra la paz eran: guerra de agresión, acto de agresión y agresión. Pero eso no es todo, en la resolución 3314 (XXIX) del 14 de diciembre de 1974 de la Asamblea General de la ONU, que el adicionado artículo 8 bis consigna en su párrafo 2,  nos habla de agresión y de acto de agresión. Y por agresión entiende que “…es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas...”; lo que podríamos reducir a una fórmula más operativa para dejarla así: la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado en cualquier forma que sea incompatible con la Carta de la ONU. 

Y por acto de agresión la resolución 3314 (XXIX) estipula que “El primer uso de la fuerza armada por un Estado en contravención de la Carta constituirá prueba prima facie de un acto de agresión…”. Lo que criticamos es que en Kampala hayan criminalizado sólo el acto de agresión, y no la agresión ni las guerras de agresión. Restringiendo con ello el crimen de agresión convencional, al obviar los constructos jurídico-conceptuales del DI general, como por ejemplo el de guerra de agresión; y quedan desvirtuadas también las categorías de agresión (lato sensu) y de acto de agresión establecidas en la resolución 3314 (XXIX).

Además, nos preocupa que haya predominado un enfoque enumerativo y restringido del crimen de agresión, cerrando con ello importantes ámbitos de aplicación del tipo penal que al final quedó en el Estatuto, y que habrá de generar opiniones en contra. Exploremos alguna de las posibilidades. En su libro aggression and crimes against peace, Larry May plantea que el punto neurálgico del crimen de agresión debe ser que un Estado reduzca la capacidad soberana de otro Estado para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y habitantes, y por ende, el crimen de agresión va más allá de una mera violación a la integridad territorial.[7] Logro advertir que este enfoque es una innovadora idea, sobre todo entendiendo el rol que en la filosofía política contemporánea ─estoy pensando por ejemplo en Habermas─ se le confiere a los derechos humanos; pues implica que si un Estado está violando los derechos humanos de sus propios ciudadanos y habitantes, entonces se puede hacer uso de la fuerza armada contra ese hipotético Estado y esta situación no sería considerada una agresión; esta postura se ve reforzada por los jaloneos evolutivos que se han venido dando en el seno del Consejo de Seguridad en torno a la teoría de la soberanía responsable. La cuestión es que la propuesta no termina de convencerme ya que nos remite a la teoría de la guerra justa.

En términos generales podemos considerar que la tesis de May es una apología de la vuelta a la teoría de la guerra justa, en detrimento del estadio de evolución jurídica que la creación del orden internacional creado por la ONU supone, es decir, propone, en última instancia, pasar del derecho internacional contemporáneo (caracterizado, en este rubro, por la prohibición del uso de la fuerza y de los actos de agresión), hacia el DI neo-tradicional, en donde la teoría de la guerra justa se abre camino, con su ponderación político-humanitaria sobre el justo o injusto recurso al uso de la fuerza por razones de humanidad, sobre las ruinas de la prohibición jurídica del uso de la fuerza y el recurso institucional (pacto social internacional) caracterizado por las facultades otorgadas al Consejo de Seguridad. Para quienes abordamos la cuestión de la agresión internacional desde la perspectiva iusirenista, partimos de una premisa irreductible: el único parámetro o criterio de corrección sobre la justicia o injusticia del fenómeno bélico, está dado por un criterio meramente jurídico.

Es decir, no existe otra justicia y otra paz que la que se construye mediante los constructos jurídicos, toda vez que los seres humanos no tienen la capacidad de acceder a contenidos axiológicos puros, estos contenidos habrán de ser constructos jurídicos intersubjetivos, es decir, los seres humanos solo pueden acceder a contenidos axiológicos de justicia, que ellos mismos construyan por medio del derecho, por ello no existe más justicia, en el ámbito social, político y hasta económico, que la justicia por medio del derecho, que implica el rule of law, la teoría jurídica de los derechos humanos, la teoría del Estado constitucional democrático, etc. En todo caso, la ponderación a cerca de la justicia de una guerra, deberá ceñirse a las barreras de contención de la institucionalidad y el orden jurídico creado por la ONU, y aun cuando contenga alguna carga axiológica, la decisión final,  deberá estar apegada al principio del rule of law, ya que de no ser así, difícilmente podemos encontrar algún grado de justicia (entendida como constructo jurídico intersubjetivo) en actos contrarios a la institucionalidad y la legalidad, estos actos en todo caso son: barbáricos, y la justicia y la barbarie se excluyen.

Por todo ello, y dada nuestra íntima convicción iusirenista, no podemos congeniar con la totalidad de las tesis de May, en virtud de sus implicaciones en el ámbito iusinternacional, aunque consideramos plausibles los aportes de May en otro nivel, es decir, creemos que las ideas de May pueden ser reconducidas hacia otros derroteros y coadyuvar al entramado institucional y jurídico del orden internacional creado por la Carta de las Naciones Unidas, pero sin que perdamos el rumbo iusirenista que el orden internacional actual supone, pues en efecto, esta idea innovadora debe ser considerado más una especie de umbral de gravedad  y no el sustratum del crimen de agresión, es decir, es un mejor criterio de determinación que por ejemplo, la enumeración directa de actos agresivos. En cambio este criterio nos abre la posibilidad de que el que se defiende legítimamente, pueda pasar de agredido a agresor si mina de manera considerable la capacidad del otro Estado (inicialmente el agresor) de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y habitantes, y esto abre mucho el espectro de aplicación del crimen de agresión. Además, a la propuesta de la vuelta a la teoría de la guerra justa basada en la ideología de los derechos humanos, que es lo que los postulados de May implican, será siempre posible oponerle el reproche de Locke sobre la inversión de los derechos humanos.

Así pues, para el iusirenismo no existe una discusión relevante sobre cuál es una guerra de agresión (injusta), y por ende merecedora del reproche jurídico institucional, y cual no lo es (o sea justa), con su consecuencia de no atribuirle reproche alguno, sobre la pretensión de la justificación moral de la guerra (entiéndase la teoría de la guerra justa), sino que solo podemos atribuir reproche jurídico a aquellas guerras consideradas agresivas o actos de agresión en función de criterios de corrección jurídicos, nunca supra jurídicos. Y estos parámetros están dados, respetando el principio jurídico de legalidad, en al orden jurídico internacional creado por la ONU. Dicho principio cataliza y adminicula a generar el triple proceso de la evolución del Derecho internacional contemporáneo de la que Juan Antonio Carrillo Salcedo habla: institucionalización, socialización y humanización.[8] Por último, coincidimos con May en criticar el crimen de agresión tal como al final fue tipificado en Kampala, pero sin alejarnos de la premisa del iusirenismo, pues, creemos que se perdió una buena oportunidad de reforzar el principio iusirenista: la paz por medio del derecho.

Para terminar, lamentamos que los intereses de Estados que no son parte del Estatuto –y que además son quienes hacen uso de la fuerza armada de forma difícilmente compatible con la Carta de la ONU (por citar a emblemáticos: Estados Unidos e Israel)– hayan incidido en el ánimo de las Delegaciones conferenciantes. En efecto, la Conferencia tomó la decisión de aplazar ad calendas grecas, según reprochó la República Islámica del Irán, la competencia de la CPI respecto del crimen de agresión “…a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero de 2017 por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al Estatuto”.[9] Esto es, la decisión sólo podrá ser adoptada después de esa fecha, lo que no implica que deberá ser adoptada.

Estamos seguros de que la diplomacia norteamericana empeñará todo su esfuerzo y capacidad, como lo ha hecho hasta ahora, por lograr que esa decisión no sea adoptada. En efecto, si bien es cierto que los Estados Unidos de América no han podido aniquilar al monstruo (así llamó Jesse Helms a la CPI), sí ha entorpecido su fortalecimiento y desarrollo. 

 

Bibliografía

Carrillo Salcedo, J. A., Soberanía de los Estados y derechos humanos en el Derecho Internacional contemporáneo, Madrid, Tecnos, 2000.

Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2003.

García San José, Daniel, Derecho internacional postcontemporáneo, Valencia, Tiran lo Blanch, 2008.

May, Larry, aggression and crimes against peace, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

Müller-Schieke, Irina Kaye, “Defining the Crime of Aggression under the Statute of the International Criminal Court”, Leiden Journal of International Law, Vol. 14, 2001, pp. 409-430.

Orozco Torres, Luis Ernesto, El crimen de agresión en derecho internacional contemporáneo, Cd. Juárez, UACJ, 2008.

─, “La criminalización de las guerras de agresión”, Revista Española de Relaciones Internacionales, número 3, julio de 2011, pp. 223-249.

 



[1] En la Declaración de Kampala los Estados Parte establecen el 17 de julio como el Día de la Justicia Penal internacional.

[2] Es posible encontrar discrepancias terminológicas en algunos autores, en el ámbito de la doctrina de habla castellana, ya que unos hablan de Derecho Internacional Penal y otros de Derecho Penal Internacional; sin entrar de lleno en tal controversia, he de apuntar que, por mi parte, utilizare el concepto Derecho Internacional Penal, para designar el cuerpo de normas internacionales que criminalizan los delicta iuris gentium, en los términos propuestos por el profesor Antonio Cassese, “International criminal law is a body of international rules designed both to proscribe international crimes and to impose upon States the obligation to prosecute and punish at least some of those crimes. It also regulates international proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes (...) The first limb of this body makes up substantive law. This is the set of rules indicating what acts amount to international crimes, the subjective elements required for such acts to be regarded as prohibited, the possible circumstances under which persons accused of such crimes may nevertheless not be held criminally liable, as well as on what conditions States may or must, under international rules, prosecute or bring to trial persons accused of one of those crimes. The set of rules regulating international proceedings, that is procedural criminal law, governs the action by prosecuting authorities and the various stages of international trials”. Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 15.

[3] Remítase a: Orozco Torres, Luis Ernesto, El crimen de agresión en derecho internacional contemporáneo, Cd. Juárez, UACJ, 2008, pp. 51-71.

[4] “Thus, the crime of aggression can only be committed in the context of an international armed conflict. Customary international law has certainly not developed to the extent of perceiving aggressive conduct of non-state entities as a punishable offence”. Müller-Schieke, Irina Kaye, “Defining the Crime of Aggression under the Statute of the International Criminal Court”, Leiden Journal of International Law, Vol. 14, 2001, pp. 409-430, p. 420.

[5] Según Daniel García San José la expresión Derecho internacional contemporáneo ya no expresa correctamente realidad concreta de la sociedad internacional actualmente, y para ello propone el término derecho internacional postcontemporáneo. Derecho internacional postcontemporáneo, Valencia, Tiran lo Blanch, 2008, passim.

[6] Para mayor información al respecto véase: Orozco Torres, Luis Ernesto, “La criminalización de las guerras de agresión”, Revista Española de Relaciones Internacionales, número 3, julio de 2011, pp. 223-249.

[7] May, Larry, aggression and crimes against peace, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 3-4, passim.

[8] “...institucionalización de la comunidad internacional, en primer lugar, como consecuencia del desarrollo de las organizaciones internacionales, tanto universales como regionales, en especial desde la aparición tras la Primera Guerra Mundial de la Sociedad de Naciones, la primer Organización Internacional de vocación general para la cooperación permanente e institucionalizada entre los Estados en materias políticas y no sólo técnicas […] socialización del Derecho internacional, en un segundo lugar, en la medida en que éste comenzó a regular relaciones sociales y humanas más complejas y amplias que las tradicionales relaciones políticas entre Estados soberanos, con lo que el Derecho Internacional dejaba de ser un Derecho de la paz y de la guerra […] humanización del orden internacional, por último, debido a que el Derecho internacional comenzó a dar entrada a la persona y a los pueblos, rompiendo así progresivamente el exclusivismo de los Estados como únicos sujetos del Derecho Internacional”. Carrillo Salcedo, J. A., Soberanía de los Estados y derechos humanos en el Derecho Internacional contemporáneo, Madrid, Tecnos, 2000, pp. 13-14.

[9] Según reza el adicionado artículo 15 bis, párrafo 3.

 

DADOS DE CATALOGAÇÃO

TORRES, Luis Ernesto Orozco. De nüremberg a kampala, vía roma. Cognitio Juris, João Pessoa, Ano I, Número 3, dezembro 2011. Disponível em <>. Acesso em:

 

A Revista Cognitio Juris não se responsabiliza pelos ideários, conceitos, apreciações, julgamentos, opiniões e considerações lançados nos textos dos artigos. Os textos são de inteira e exclusiva responsabilidade de seus autores.

 

 

Cognitio Juris® - © Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos publicados na Revista Jurídica Eletrônica Cognitio Juris, desde que citados o(s) nome(s) do(s) autor(es) e a fonte, além de atender as normas relativas aos Direitos Autorais. Os textos são de inteira e exclusiva responsabilidade de seus autores.